Ana Torrecillas, la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, investiga cómo las leyes y las políticas públicas responden a las necesidades de los pequeños municipios. Llegó a Cáceres para desarrollar su tesis doctoral y decidió quedarse. Hoy reivindica el papel de las mujeres, la importancia de la cultura y la necesidad de comprender las diferentes realidades de una Extremadura de la que se declara enamorada.
Ana Torrecillas llegó a Extremadura por una investigación universitaria. Estudiaba las relaciones entre municipalismo, despoblación y territorio cuando surgió la posibilidad de incorporarse a un proyecto en la Universidad de Extremadura. Hasta entonces su vida académica había transcurrido en Valencia, donde había cursado Derecho y continuado su formación. Su lugar de origen era Villamalea, un municipio albaceteño próximo a la Comunidad Valenciana, de esos en los que estudiar una carrera universitaria obliga a preparar una maleta y marcharse a otra ciudad.
Llegó a Cáceres con un contrato de investigación y una tesis doctoral por desarrollar. Después vinieron las primeras sustituciones docentes, la finalización del doctorado y una plaza de profesora ayudante doctora. Por el camino conoció a personas que terminaron formando parte de su vida, encontró una ciudad que le gustaba y descubrió una región en la que decidió quedarse. A veces le cuesta entender por qué tantos jóvenes extremeños contemplan la marcha como una condición casi imprescindible para alcanzar el éxito profesional. Lo dice una mujer que también tuvo que salir de su pueblo para estudiar y que conoce las dificultades de desarrollar un proyecto de vida lejos de las grandes ciudades. Pero Ana no ha convertido Extremadura en una postal. Su trabajo como investigadora le ha permitido recorrer municipios, hablar con alcaldes y vecinos, estudiar las limitaciones de las administraciones locales y comprobar que una misma ley puede tener consecuencias muy diferentes cuando se aplica en Madrid o en una pequeña localidad cacereña.
En su despacho de la Facultad de Derecho de Cáceres hablamos de todo ello. Sobre la mesa aparecen unas tarjetas con nombres de mujeres que han dejado su huella en la historia. Las utiliza en sus clases de Derecho Constitucional para que sus estudiantes descubran referentes femeninos que difícilmente aparecen cuando se les pide recordar a grandes figuras del pensamiento jurídico, político o social. Cada intervención en clase permite conseguir una tarjeta; después deben investigar y escribir a mano una pequeña biografía de la protagonista. Es una de las maneras que ha encontrado de incorporar otras miradas a la enseñanza.
Ana habla deprisa, enlaza argumentos, se detiene para explicar un concepto jurídico y vuelve enseguida a la realidad de los pueblos extremeños. Le interesa especialmente lo que sucede cuando las normas, redactadas desde las grandes estructuras administrativas, llegan a municipios que apenas cuentan con medios para cumplirlas. También la situación de las mujeres rurales, protagonistas de buena parte de la actividad asociativa y cultural de sus localidades, pero sobre las que continúa recayendo una enorme responsabilidad en los cuidados familiares. Su investigación parte de una idea que repite durante nuestra conversación: la ruralidad no puede tratarse como una realidad homogénea. Las necesidades de La Siberia no son necesariamente las mismas que las de Las Hurdes, Sierra de Gata o Valencia de Alcántara. Y si las dificultades son distintas, las soluciones también deberían serlo.
En esta nueva entrega de una mueva mirada de la mujer rural en Extremadura, conocemos a una profesora que entiende el Derecho como una herramienta para interpretar la sociedad, a una investigadora que reclama mayor atención hacia los pequeños municipios y a una mujer que ha elegido Extremadura para desarrollar su vida personal y profesional.
«Me vine a investigar a Extremadura y terminé haciendo aquí mi proyecto de vida»
—Ana, antes de entrar en el Derecho, la universidad y tus investigaciones, vamos a conocerte un poco. ¿De dónde vienes y cómo terminas en Extremadura?
—Yo soy de Villamalea, un pueblo de Albacete que está muy cerca de la Comunidad Valenciana. Es un municipio de unos cinco mil habitantes y, como ocurre en tantos pueblos pequeños, cuando quieres estudiar en la universidad tienes que marcharte. En mi caso, muchos amigos se fueron a Valencia y yo terminé haciendo lo mismo. Allí estudié la carrera, cursé el máster y comencé mi programa de doctorado. Mi tesis estaba relacionada con el municipalismo, la ruralidad, el reto demográfico y la despoblación. En aquel momento mi director me comentó que en Extremadura se estaban desarrollando proyectos de investigación muy vinculados a esos asuntos. Surgió un contrato de investigación, me presenté, conseguí la plaza y me vine.
—¿Y qué ocurrió para que aquella estancia académica terminara convirtiéndose en una decisión de vida?
—Pues que me gustó muchísimo Extremadura. A veces no entiendo muy bien por qué hay tanta gente que no quiere venirse aquí o por qué algunas personas se marchan en cuanto tienen oportunidad. Yo tuve mucha suerte, también a nivel personal. Conocí a mi pareja, que es cacereño, hice muchos amigos y fui construyendo aquí mi vida. Profesionalmente también fueron surgiendo oportunidades. Después del contrato de investigación llegaron contratos de profesora sustituta y, cuando terminé la tesis, conseguí una plaza de ayudante doctora. Todo fue sucediendo a lo largo de varios años y terminé decidiendo que quería quedarme.
—Hablas de Extremadura con un cariño que sorprende cuando tantas veces escuchamos a quienes han nacido aquí explicar las razones por las que quieren marcharse.
—Es que a mí Extremadura me gusta mucho. Me gusta su gente, su idiosincrasia, esa dimensión de comunidad pequeña pero al mismo tiempo muy familiar. Cáceres me gusta muchísimo como ciudad. Siempre he tenido un poco el corazón dividido entre Albacete y Cáceres, pero he decidido desarrollar aquí mi proyecto de vida. Lo que sí me produce tristeza es ver cómo muchos de los amigos con los que empecé se han marchado. Prácticamente todos los de aquella primera etapa han emigrado a otros lugares. Cuando empiezas a construir relaciones personales y ves cómo esas personas se van, resulta duro. Ojalá algún día puedan volver.
El Derecho Constitucional también está en la calle
—Eres profesora de Derecho Constitucional. Para quienes no están familiarizados con la materia, ¿qué enseñas y qué importancia tiene en nuestra vida cotidiana?
—He impartido muchas asignaturas, aunque hay una que llevo dando prácticamente desde que empecé, Constitucional II, donde estudiamos el sistema parlamentario, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y la justicia constitucional. También he impartido teoría política, fuentes del Derecho, evaluación de programas y políticas públicas y otras materias. A veces se piensa que el Derecho Constitucional es algo aburrido o muy alejado de la realidad, pero ocurre exactamente lo contrario. Estamos constantemente rodeados de debates constitucionales. La vivienda, por ejemplo, plantea cuestiones jurídicas importantísimas: qué tipo de derecho es, qué obligaciones genera, qué administraciones tienen competencias y a quién podemos exigir determinadas actuaciones. Todo eso forma parte de nuestra vida diaria.
—Sin embargo, parece que la ciudadanía mantiene cierta distancia con el conocimiento de sus propios derechos y del funcionamiento de las instituciones.
—Yo creo que el Derecho Constitucional tiene una dimensión ciudadana fundamental. No es una cuestión exclusiva de juristas. Conocer nuestros derechos, saber cómo funciona el Estado, cómo se organiza nuestro modelo territorial o qué competencias tiene cada administración debería formar parte de nuestra cultura cívica. Nosotros intentamos que el alumnado comprenda esa importancia y que no se limite a abordar los debates desde una posición ideológica o una opinión personal, sino también desde el conocimiento jurídico.
—¿Y cómo se consigue eso en una sociedad donde buena parte de los debates se resuelven con una frase o un vídeo de unos segundos?
—Ese es uno de los grandes problemas actuales. Ahora parece que gana el relato quien consigue condensarlo en un vídeo de TikTok. Pero los problemas que atraviesan nuestra sociedad no caben en un vídeo de TikTok. Son mucho más complejos, tienen causas estructurales y están atravesados por diferentes circunstancias que debemos comprender. Si reducimos todo a una frase sencilla, terminamos construyendo una visión parcial de la realidad. Por eso creo que desde la universidad debemos fomentar el pensamiento crítico y enseñar a analizar los problemas con rigor.
«Mis alumnos descubren a mujeres que han cambiado la historia y de las que nunca habían oído hablar»
—En tus clases utilizas una metodología bastante particular para incorporar referentes femeninos. ¿Cómo funciona?
—Hace tiempo empecé a preguntar a mis alumnos quiénes eran sus referentes jurídicos, históricos o políticos. Casi siempre me hablaban de hombres, incluso las propias alumnas. Entonces decidí introducir un ejercicio en la evaluación continua. Cada vez que participan en clase reciben una tarjeta con el nombre de una mujer que ha tenido alguna relevancia histórica. Muchas son juristas, constitucionalistas o políticas, pero también hay mujeres de otros ámbitos. Para completar esa parte de la evaluación tienen que investigar quiénes fueron y elaborar una biografía.
—Y además les pides que escriban esas biografías a mano.
—Sí. En mis clases no permito pantallas y les pido que hagan esos trabajos a mano. Si les pidiera que me entregaran una biografía digital, podrían recurrir a una herramienta de inteligencia artificial y presentarla sin haber leído prácticamente nada. Lo que quiero es que investiguen, que conozcan a esas mujeres y que descubran sus aportaciones. No se trata solamente de memorizar un nombre, sino de entender quién fue esa persona y qué hizo.
—¿Nunca te han preguntado por qué todas las tarjetas llevan nombres de mujeres?
—No, porque lo explico desde el primer día. Referentes masculinos no nos faltan. Si pedimos a cualquier persona que nombre diez hombres que hayan realizado aportaciones importantes a la historia, seguramente pueda hacerlo sin demasiada dificultad. Pero cuando pedimos diez mujeres, la cosa cambia. Y no es porque no hayan existido, sino porque sus aportaciones no han recibido la misma visibilidad. Creo que es importante que los estudiantes conozcan también esas historias.
—Hay otra dimensión interesante en ese ejercicio: descubrir a la persona que existe detrás de un personaje público.
—Exactamente. A veces nos quedamos únicamente con el cargo que ocupa alguien o con las declaraciones que aparecen en los medios. Pero detrás de ese cargo hay una persona, con su historia, su familia, sus dificultades y sus circunstancias. Creo que humanizar a quienes tenemos delante también ayuda a comprender mejor la realidad y a no reducirlo todo a posiciones enfrentadas.
«Las leyes están pensadas desde las ciudades y muchas veces no funcionan en los pueblos»
—Tu tesis doctoral se adentra en una cuestión especialmente interesante: la ruralidad como categoría jurídica. ¿Qué significa exactamente?
—Cuando empecé a investigar me planteé una pregunta aparentemente sencilla: ¿qué es la ruralidad? Y descubrí que no era nada fácil responder. Muchas veces confundimos ruralidad con despoblación, reto demográfico o cohesión territorial, pero no son lo mismo. Son cuestiones relacionadas, por supuesto, pero la ruralidad es otra cosa. Desde el punto de vista jurídico me interesaba encontrar una manera de definirla, porque el Derecho necesita traducir la realidad a categorías que permitan elaborar y aplicar las normas.
—Y llegaste a una conclusión que cambia bastante la manera de entender nuestros pueblos.
—Sí. Una de las conclusiones más importantes de mi investigación es que no existe una única ruralidad, sino ruralidades, en plural. La ruralidad de Canarias no es la misma que la de Castilla-La Mancha, ni la de Extremadura es la del País Vasco. Y dentro de nuestra propia comunidad autónoma sucede exactamente lo mismo. La Siberia no es Las Hurdes. Cada territorio tiene sus características, sus dinámicas demográficas, sus necesidades y sus dificultades. No podemos tratar todas esas realidades como si fueran idénticas.
—¿Qué consecuencias tiene esa diversidad cuando se elaboran las leyes?
—Que necesitamos incorporar una perspectiva de ruralidad al ordenamiento jurídico. Actualmente existe una brecha urbano-rural muy importante. Las normas se elaboran mayoritariamente desde las ciudades y, además, pensando en las ciudades. Tenemos un ordenamiento jurídico profundamente urbanocéntrico. Cuando esas normas llegan a los pequeños municipios, muchas veces aparecen problemas para aplicarlas porque no se han tenido en cuenta sus capacidades y sus circunstancias.
—¿Puedes ponernos algún ejemplo concreto?
—La Ley de Contratos del Sector Público es un buen ejemplo. No tiene las mismas capacidades administrativas el Ayuntamiento de Madrid que un municipio como Garrovillas de Alconétar, Cedillo o los Santos de Maimona, pero deben aplicar una normativa común. También sucede con determinadas exigencias de otras leyes. Recuerdo hablar con alcaldes de pueblos pequeños que me decían que no disponían siquiera de secretario-interventor y, sin embargo, se les exigían determinados servicios que difícilmente podían prestar con sus recursos. Tenemos que adaptar las normas a la escala de los municipios y a sus posibilidades reales.
—¿Y consideras que las administraciones están haciendo ese esfuerzo de adaptación?
—Creo que los esfuerzos son insuficientes. Tenemos una deuda territorial, una brecha entre el mundo urbano y el rural que es estructural y que no puede resolverse con medidas pensadas para una sola legislatura. Muchas políticas públicas son demasiado cortoplacistas. Se diseñan actuaciones que pueden anunciarse y ejecutarse durante un mandato, pero los problemas de fondo necesitan mucho más tiempo y una estrategia continuada.
Una ley para las distintas ruralidades de Extremadura
—Estás trabajando en una propuesta legislativa relacionada precisamente con esas diferencias territoriales.
—Sí. Estoy escribiendo un estudio en el que propongo una nueva ley de ruralidad para Extremadura, con un enfoque que tenga en cuenta las particularidades de los diferentes territorios y que incorpore una colaboración real con los gobiernos locales. Tenemos un problema importante: desde las grandes escalas administrativas no siempre se puede comprender lo que sucede en la pequeña escala. Los ayuntamientos son quienes gestionan diariamente la realidad de sus municipios y, sin embargo, muchas veces no se les tiene suficientemente en cuenta cuando se diseñan las políticas públicas.
—¿Defiendes entonces que los gobiernos locales deberían tener mayor protagonismo en las decisiones que afectan a sus territorios?
—Por supuesto. ¿Cómo vamos a diseñar una política pública para Las Hurdes, Sierra de Gata o La Siberia sin contar con los ayuntamientos de esas zonas? Son quienes conocen de primera mano las necesidades de sus vecinos. Nuestro sistema dispone de instrumentos para establecer esa comunicación entre administraciones, pero creo que no se están aprovechando suficientemente.
—Y tampoco todas las comarcas necesitan las mismas soluciones.
—Exactamente. En una zona el principal problema puede ser la vivienda, en otra el empleo, en otra la falta de infraestructuras y en otra la insuficiencia de determinados servicios públicos. No podemos aplicar una política homogénea a territorios con problemas diferentes. Primero tenemos que conocer y analizar las necesidades concretas y después actuar de manera diferenciada. Extremadura es una región muy extensa y con dinámicas demográficas diversas. Eso exige también respuestas normativas diferentes.
La mujer rural: entre el dinamismo cultural y el peso de los cuidados
—Dentro de esas ruralidades que investigas, ¿qué papel desempeñan las mujeres? ¿Cómo ha cambiado su presencia en la vida de los pueblos?
—Creo que tenemos que evitar hablar de la mujer rural como si existiera un único modelo. Hay muchas mujeres diferentes, con situaciones personales, profesionales y sociales muy diversas. Pero sí hay algunas cuestiones que podemos destacar. Una de las más positivas es el papel que desempeñan las asociaciones de mujeres en los pequeños municipios. Muchas se responsabilizan de buena parte de la actividad cultural y social de sus pueblos. Organizan encuentros, talleres, actividades y generan espacios de relación entre los vecinos.
—Es algo que también hemos encontrado en otras entrevistas de este proyecto. Las mujeres aparecen como grandes dinamizadoras culturales del territorio.
—Y es una realidad muy importante. En nuestro ámbito universitario se desarrolló un proyecto de investigación sobre igualdad de género en los entornos rurales de Extremadura, dirigido por Silvia Soriano Moreno, que permitió constatar ese protagonismo. Las asociaciones de mujeres tienen una capacidad extraordinaria para dinamizar la vida cultural de los pueblos. Muchas veces, cuando no existe una actividad o un espacio de encuentro, son ellas quienes deciden crearlo. Hay una dimensión de autogestión y de responsabilidad colectiva muy valiosa.
—Pero también hablas de otra realidad bastante menos amable: la responsabilidad de los cuidados.
—Sí. Esa es la parte más dura. Estoy comenzando una nueva línea de investigación sobre los derechos de las personas mayores en entornos rurales, muy relacionada con los cuidados. Tenemos una población envejecida y una demanda creciente de atención. Cuando los servicios públicos no ofrecen una respuesta suficiente, esas necesidades no desaparecen. Alguien tiene que asumirlas. Y casi siempre aparece una mujer.
—¿Qué consecuencias tiene esa responsabilidad para las mujeres rurales?
—Muchas. Hay que diferenciar entre los cuidados formales y los informales. En el sistema profesional de cuidados la presencia femenina es abrumadora. Pero cuando hablamos de cuidados informales, realizados dentro de la familia o mediante relaciones laborales precarias, las consecuencias pueden ser todavía más graves. Hay mujeres que dedican años a cuidar a familiares sin contrato, sin cotización y sin reconocimiento laboral. Eso condiciona su desarrollo profesional y sus futuras prestaciones sociales. Es un trabajo imprescindible que muchas veces permanece invisible.
—También introduces en tus investigaciones la situación de las mujeres migrantes que trabajan en el ámbito de los cuidados.
—Sí, porque la mujer rural actual también tiene un rostro multicultural. Hay mujeres migrantes que trabajan cuidando a personas mayores o dependientes en situaciones de enorme vulnerabilidad. Algunas se encuentran en situación administrativa irregular y aceptan condiciones laborales muy precarias. En determinados casos se les ofrece alojamiento como internas, pero esa supuesta oportunidad puede esconder jornadas abusivas, salarios muy bajos y ausencia de derechos laborales. Es una realidad que debemos analizar porque forma parte también de la vida de nuestros pueblos.
—Por tanto, la mujer rural aparece en dos situaciones aparentemente contradictorias: como motor de la actividad social y cultural y como principal responsable de trabajos de cuidado que siguen siendo poco reconocidos.
—Exactamente. Y creo que es importante mostrar ambas realidades. Podemos reconocer y valorar muchísimo el trabajo que realizan las asociaciones de mujeres, pero no podemos olvidar las desigualdades que siguen existiendo. Son dimensiones diferentes de una misma realidad y ambas necesitan atención.
«Muchos jóvenes siguen pensando que marcharse de Extremadura es una forma de alcanzar el éxito»
—Como profesora universitaria tienes contacto con jóvenes procedentes de muchos municipios extremeños. ¿Qué relación mantienen con sus pueblos?
—Todos los años pregunto en clase cuántos estudiantes proceden de municipios de menos de cinco mil habitantes y siempre levantan la mano bastantes. Pero venir de un pueblo no significa necesariamente tener una conciencia de ruralidad. Vivimos en una sociedad muy urbanocéntrica y esa manera de mirar el mundo también influye en quienes han crecido en localidades pequeñas.
—¿Sigue existiendo la idea de que para triunfar profesionalmente hay que marcharse?
—Muchísimo. Me encuentro con estudiantes y personas de mi entorno que consideran que irse a Madrid o a otra gran ciudad es una especie de éxito en sí mismo. Y yo muchas veces me pregunto por qué. Entiendo perfectamente que alguien quiera vivir en una gran ciudad, pero no creo que sea necesariamente mejor. Aquí puedes tener una calidad de vida extraordinaria, desarrollar una carrera profesional y disfrutar de un entorno que ofrece muchas posibilidades. A veces parece que hemos interiorizado que todo lo importante sucede fuera de Extremadura.
—¿También ocurre con la elección de universidad?
—Sí. Hay estudiantes que consideran que estudiar en Madrid, Salamanca o Sevilla tiene necesariamente más prestigio que hacerlo en la Universidad de Extremadura. Y creo que esa visión está bastante desactualizada. La calidad de una universidad no depende únicamente de su tamaño o de la ciudad donde se encuentra. En nuestra área de Derecho Constitucional desarrollamos investigaciones y proyectos pioneros, con profesorado que está trabajando en cuestiones de enorme actualidad. La Universidad de Extremadura tiene muchísimo que ofrecer.
—Sin embargo, también te preocupa la salida constante de población joven y sus consecuencias para el futuro de la región.
—Me preocupa muchísimo. Estamos consolidando dinámicas demográficas que considero insostenibles. Hay territorios que pierden población mientras las grandes áreas metropolitanas siguen concentrando habitantes, servicios y oportunidades. Eso tiene consecuencias en la vivienda, el empleo, los servicios públicos, la fiscalidad y prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida. Desde la universidad investigamos estos problemas, elaboramos estudios y proponemos soluciones, pero después necesitamos que los poderes públicos utilicen ese conocimiento.
La cultura como herramienta para construir territorio
—Hay otra cuestión que me interesa especialmente por nuestro trabajo en OverDose: la cultura como elemento de desarrollo rural. ¿Qué importancia le das?
—Muchísima. Creo que en Extremadura existen experiencias culturales extraordinarias que funcionan gracias a pequeñas comunidades de personas muy comprometidas con sus territorios. Son grupos que se organizan, crean proyectos y dinamizan sus localidades, muchas veces con una enorme capacidad de autogestión.
—Has mencionado durante nuestra conversación el caso de Los Santos de Maimona.
—Sí. En Los Santos de Maimona hay experiencias sociales con estrecha relación con la mujer rural como Raíces y culturales muy interesantes, como las vinculadas a la Sala Guirigai y a otros proyectos del territorio. Son iniciativas que funcionan porque hay personas que tienen la voluntad de hacerlas funcionar. Y eso es importantísimo, porque generan espacios de encuentro, actividad cultural y razones para que la gente quiera vivir en esos lugares.
—¿Y qué papel deberían desempeñar las administraciones ante esas iniciativas?
—Facilitar su desarrollo. Si hay personas que están haciendo un trabajo extraordinario para dinamizar culturalmente sus pueblos, lo lógico sería ayudarles a continuar, no ponerles obstáculos. Muchas veces esas comunidades funcionan incluso sin un apoyo público suficiente. Precisamente por eso creo que las administraciones deberían prestarles más atención y favorecer su continuidad.
—También has impulsado encuentros universitarios para reflexionar sobre cultura y ruralidad.
—Sí. Organizamos unas jornadas entre Valverde de Burguillos y Los Santos de Maimona, con participación de agentes culturales y sociales de diferentes lugares. Hablamos de juventud, multiculturalismo, cultura y dificultades del mundo rural. Participaron proyectos e iniciativas muy diversos. Fue una experiencia muy interesante porque permitió reunir a personas que están trabajando directamente sobre el territorio y ponerlas en contacto con la investigación universitaria.
—En ese sentido, ¿crees que la cultura puede ayudar a cambiar la imagen que tenemos de los pueblos extremeños?
—Por supuesto. La cultura puede hacer que un lugar resulte más atractivo para vivir, que exista actividad, que se generen relaciones sociales y que las personas encuentren motivos para quedarse. Hay mucha gente que llega de fuera de Extremadura, descubre la región, se enamora de ella y termina desarrollando proyectos que contribuyen a dinamizarla. Creo que deberíamos valorar mucho más esas experiencias.
Otra manera de enseñar y entender la universidad
—Antes hablabas de una universidad que debe enseñar a pensar y no solamente a memorizar leyes. ¿Está cambiando la manera de impartir Derecho?
—Creo que sí. Yo no puedo comparar directamente con etapas anteriores porque no estaba aquí, pero sí creo que ahora existe una diversidad metodológica, generacional e ideológica muy interesante. Hay muchas maneras de enseñar Derecho. Algunas son más tradicionales y otras intentamos ofrecer herramientas para que el alumnado pueda mirar más allá de los límites del propio sistema, analizarlo críticamente y construir sus propias conclusiones.
—¿Esa es la universidad que te interesa?
—Sí. Una universidad que permita pensar, que proporcione conocimientos, pero también herramientas para interpretarlos y cuestionarlos. Yo tuve profesores y profesoras maravillosos que influyeron muchísimo en mi decisión de dedicarme a la docencia. También tuve otros que se limitaban a abrir un manual y leerlo. Creo que ahora tenemos la oportunidad de combinar diferentes formas de enseñar y eso puede resultar muy enriquecedor.
Ana Torrecillas llegó a Cáceres para estudiar jurídicamente un territorio que todavía no conocía demasiado. Hoy trabaja desde la Universidad de Extremadura en una propuesta que pretende incorporar las distintas ruralidades a la legislación, investiga las condiciones de vida de las personas mayores y los cuidados, y continúa defendiendo que los pequeños municipios necesitan ser escuchados cuando se toman decisiones que afectan a su futuro. En su despacho quedan aquellas tarjetas con nombres de mujeres que sus alumnos tendrán que investigar. Ella decidió quedarse. Le gusta Cáceres, le gusta Extremadura y le interesa especialmente esa capacidad que tienen algunos pueblos para organizarse y sacar adelante iniciativas culturales y sociales incluso cuando los recursos son escasos. No oculta los problemas del territorio ni suaviza sus críticas a unas políticas públicas que considera insuficientemente adaptadas a la realidad rural. Su trabajo consiste precisamente en estudiar esas dificultades y plantear alternativas desde el Derecho. Durante nuestra conversación ha insistido en que las necesidades de una localidad de La Siberia no tienen por qué coincidir con las de un municipio de Las Hurdes. También en que las mujeres desempeñan funciones muy diferentes dentro del mundo rural, desde la creación de espacios culturales y asociativos hasta la responsabilidad, muchas veces invisible, de cuidar a quienes lo necesitan.
Ana sigue investigando, dando clases y preparando nuevas propuestas. Lo hace desde una universidad pública situada en una región que eligió para vivir y en la que ha encontrado motivos suficientes para desarrollar su carrera. Cuando recuerda a quienes se han marchado y expresa su deseo de que algún día regresen, aparece también la mujer que llegó a Extremadura con una tesis doctoral por delante y terminó haciendo de Cáceres su casa.
Willy López / Félix Méndez
